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La Delegación Estatal de Tamaulipas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debió reabastecerse de 30 mil cartuchos de impresión, necesarios para atender a miles de pacientes; sin embargo, la marca Lexmark lo ha impedido y ha sido la causante de múltiples dilaciones en el fallo de la licitación sobre estos insumos.
Fue el 17 de febrero pasado cuando la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, a cargo de David Cano Córdova, declaró desierta la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-050GYR018-E696-2019 “por no haber licitante que hubiese cumplido con los requisitos”, luego de que el fallo fue diferido en cinco ocasiones.
Finalmente, el área presentó una evaluación en la que fueron descartadas todas las propuestas económicas y técnicas que ofertaron marca Lexmark, debido al incumplimiento del punto 6.2 inciso “k” en el que se solicitaba garantía de que “el tóner es nuevo, no usado, ni reciclado y no rellenado, y que no haya pasado por algún proceso de remanufactura o similar, garantizando que no ocasionará un daño o mal funcionamiento y operación del equipo de impresión en comodato”.
La situación se repitió en la Licitación Pública Nacional LA-050GYR018-E224-2020, que tampoco avanzó por la presencia de la fabricante estadounidense, que en México dirige Isaac Bessudo, la cual también fue descartada en la Delegación Veracruz, donde se detectó que los tóners solo tenían rendimiento para 5 mil páginas, mientras la solicitud era que fueran 12 mil.
Actualmente, se encuentra en curso la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-050GYR018-E388-2020, proceso en el que algunas contratistas del ramo volvieron a ofertar la marca Lexmark.
“Proveedores, que tienen acuerdos con Lexmark, han presentado cartuchos que pertenecen a un programa de reciclado en el que los insumos pasan por un proceso de reensamblado y rellenado que podría sacrificar la calidad de las impresiones, lo que sin duda afectará la operación del IMSS en Tamaulipas”, comentó uno de los participantes en el proceso actual.
Por su parte, fuentes cercanas a la delegada, Velia Patricia Silva, comentaron que se analiza contactar al director del Instituto, Zoé Robledo, con el objetivo de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inicie investigaciones relacionadas con las empresas implicadas, así como con la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.
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